A menos de dos años de la jornada
electoral de 2024, el presidente Andrés Manuel López
Obrador presentó su iniciativa de reforma
electoral con la que buscará instaurar una
democracia limpia y que nunca más haya fraudes,
aseguró.
¿Qué busca la reforma electoral
2022?
Los cambios en el INE
3 de Noviembre 2022
Para ello, su propuesta contempla que el Instituto
Nacional Electoral se convierta en el Instituto
Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11
a siete consejeros electorales, eliminar el
financiamiento a partidos políticos para actividades
ordinarias, así como desaparecer a los llamados
legisladores plurinominales.
La que será la segunda iniciativa de reforma de la
65 legislatura contempla 18 modificaciones a la
Constitución y a siete transitorios, por lo que para
su aprobación Morena necesitará dialogar y convencer
a legisladores de oposición.
Cada sexenio el presidente en turno suele impulsar
una reforma electoral para perfeccionar el sistema
político. Con Andrés Manuel López Obrador no es la
excepción. El mandatario mexicano ha asegurado que
busca que con su iniciativa se acaben los fraudes de
los que incluso, ha dicho, él padeció.
Su intención de modificar el marco electoral,
también busca abaratar el costo de la democracia,
por lo que de aprobarse los cambios que propone su
iniciativa se podrían lograr ahorros por más de
20,000 millones, dijo este jueves en su conferencia
de prensa.
Creación del Instituto Nacional de Elecciones y
Consultas (INEC): Será el único órgano electoral
encargado de organizar las elecciones en los estados
y a nivel federal. Mantendría su independencia
garantizando los principios rectores de la función
electoral.
Elección de consejeros: el INEC estará integrado por
siete consejeros y no por 11 como actualmente es con
el INE.
La Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y el titular del
Ejecutivo Federal propondrán una lista de perfiles
de la que se elegirán a los consejeros a través el
voto popular. El mismo procedimiento aplicará para
la integración de la Sala Superior del TEPJF.
Desaparición de los OPLEs y Tribunales Electorales
Locales: Para abaratar el costo de los órganos
electorales, la iniciativa propone que el INEC sea
el único encargado de la organización de las
elecciones para lo cual absorbería las funciones de
los Organismos Públicos Locales. “Organizaría la
totalidad de los procesos electorales de la
república, a nivel nacional, estatal y municipal”.
El argumento es que año con año crece el dinero
público que se destina a la operación del sistema
político mexicano. Ejemplifica que en 1999 se asignó
un presupuesto de 13,400 millones de pesos, mientras
que para 2018 el presupuesto fue de 68,300 millones
de pesos, es decir un crecimiento de 409% en menos
de 20 años.
Eliminación de plurinominales: La propuesta también
incluye la eliminación de 200 diputados federales y
32 senadores que obtienen una curul por la vía de
representación proporcional, los conocidos como
plurinominales.
“La elección por listas obligaría a las personas
candidatas a hacer campaña territorial, contrario a
lo que ocurre con las actuales cinco listas de las
circunscripciones plurinominales. Al votarse en cada
entidad, las listas estarían integradas por personas
nacidas en la entidad federativa o por residentes
con antigüedad domiciliaria mínima de un año”,
explica en la iniciativa.
Sin embargo, para el exconsejero del IFE, Luis
Carlos Ugalde, lo que se propone es al revés, según
publicó en un hilo de Twitter.
Cambio en el modelo para elegir
legisladores: También se propone modificaciones para
la forma en que se eligen a los legisladores
federales.
Actualmente se elige una diputación por cada 252,000
habitantes, pero la propuesta es que se elija a un
representante por cada 420,000 habitantes, mientras
que en el caso de senadores se pasaría de elegir a
un senador por cada 984,375 habitantes a cada millón
312,500 habitantes.
Voto electrónico: La propuesta plantea aprovechar
las tecnologías de la información y comunicación
para facilitar la participación ciudadana en los
procesos electorales.
Reconoce que México cuenta con “asidero legal apenas
suficiente para recibir votos de manera digital” y
así lo ha demostrado entidades como Coahuila, Ciudad
de México, Estado de México y Jalisco.
Reducción de integrantes de Congresos locales: A
nivel estatal también se plantea que se establezca
un criterio poblacional para la definición del
número diputados de sus congresos locales.
“No podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas
entidades federativas cuya población sea menor a 1
millón de personas, y por cada 500,000 habitantes
adicionales, podrá incrementarse en un diputado o
diputada hasta un máximo de 45 diputadas y
diputados”, se lee en la iniciativa.
Reducción a financiamiento público. Al argumentar
que la millonaria cantidad que se entrega a los
partidos políticos indigna a los mexicanos, se
propone eliminar el financiamiento público ordinario
a partidos políticos.
Actualmente el Estado mexicano destina alrededor de
11,000 millones de pesos en subsidios públicos
destinados a las actividades ordinarias de los
partidos políticos cada año.
Por ello la reforma propone que los gastos
ordinarios de los partidos se financien a través de
aportaciones de sus simpatizantes y militantes.
“El objetivo es reducir el alto costo que los
partidos políticos representan al erario y
obligarlos a convertirse en instituciones
autosostenibles mediante esas aportaciones,
legalmente vigiladas. El financiamiento público se
mantendría solamente para el gasto de campañas
durante la contienda electoral”.
Bajar umbral para validar revocación de
mandato. También se propone que para que el
resultado de una consulta de revocación de mandato
sea vinculante para las autoridades baste con que
participe el 33% de la lista nominal y no el 40%.
Propaganda gubernamental: Se propone ampliar las
excepciones para que se pueda difundir propaganda
gubernamental que se considere relativa a servicios
públicos y aquellas de carácter informativo con
relación a los procesos electorales.
Tiempos en Radio y Televisión: También se plantea un
cambio modelo de comunicación política en el que
desde el inicio del proceso electoral y hasta la
celebración de la jornada electoral, se destinarán
30 minutos diarios en cada estación de radio y canal
de televisión a los partidos políticos, candidaturas
independientes y al Instituto Nacional de Elecciones
y Consultas. Se asignará el 90% a los primeros y el
10% al Instituto para la difusión de mensajes
informativos relacionados con la contienda
electoral. (Expansión).