El DAP es una contribución que cobran los ayuntamientos para cubrir el costo de la prestación, mantenimiento y ampliación del alumbrado en calles, plazas, parques y otros espacios públicos, e incluso las luces que adornan las calles en esta temporada decembrina.

La Constitución Mexicana establece en su artículo 115 que el cobro del alumbrado debe ser bajo los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad, y faculta a los gobiernos municipales para recaudarlo.

Si bien el DAP puede ser interpretado como un impuesto, en realidad se trata de una contribución, pues se recibe una contraprestación directa en favor del contribuyente, mientras que con los impuestos no, aunque la recaudación de ambos ayuda a generar obras públicas y servicios.

Al principio, la intención era que cada ayuntamiento crearía su fórmula para determinar las tarifas a pagar por cada contribuyente.

Sin embargo, se consideró que esta modalidad era inconstitucionalidad, porque cada municipio cobraría bajo criterios diferentes y habría inequidad.

Esto ya ocurría en diversos municipios donde el DAP se cobra desde hace varios años, pues se imponía una tarifa proporcional con el consumo de energía o se cobraba con base en el valor catastral del inmueble, lo cual generaba inequidad y abusos.

La madrugada de este viernes el Congreso del estado avaló una fórmula única para el cobro del DAP en todo el estado, aunque 70 municipios decidieron no cobrarlo y 144 sí lo harán, mientras que Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula querían cobrarlo y les fue rechazada su petición.

La fórmula adoptada ya fue autorizada previamente por la SCJN en otros estados, y consiste en dividir el costo total del servicio de alumbrado entre todas las cuentas prediales del municipio.

No obstante, los ayuntamientos tendrían que erogar subsidios y pagar el faltante si lo recaudado no alcanza para cubrir el costo del alumbrado.

La nueva fórmula se estableció en el artículo 243 de la Ley Hacendaria del estado y en los Códigos Fiscales de los municipios que cuentan con uno.

“Artículo 243.- La cuota o tarifa para el pago de este Derecho, será la cantidad que resulte de dividir el gasto total anual del servicio de alumbrado público, entre el número total de los sujetos del servicio, en los términos que establezca la Ley de Ingresos del Municipio, en el ejercicio fiscal que corresponda”, señala el dictamen aprobado por mayoría en el Congreso.

En 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que varios municipios, incluidos la capital poblana, cobraban el DAP de forma inconstitucionalidad y por tanto el cobro no era legal.

En primer lugar, se determinó que este cobro no puede ser establecido con base en el consumo de energía eléctrica, pues esta es una atribución única de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En un segundo lugar, también era ilegal calcular las tarifas conforme al valor catastral de los inmuebles.

La tercera inconsistencia fue que los municipios no establecían en sus Leyes de Ingresos las tarifas específicas a cobrar y esto se podía interpretar como una arbitrariedad por imponer cargas tributarias.

Con la nueva fórmula y tras el aval del Congreso, en próximas horas se publicarán las tarifas por cada municipio. (e-consulta).