La ASF exhibe irregularidades y negativas de la Secretaría de la Función Pública en el combate a la corrupción

22 Febrero 2021

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en su tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, que la Secretaría de la Función Pública (SFP), dirigida por Irma Eréndira Sandoval, mantuvo resistencias que obstaculizaron el desempeño de su trabajo.

El documento señala que “durante la realización de la auditoría, se mostró resistencias y, en algunos casos, negación para el desarrollo de las operaciones de fiscalización planteadas por la ASF”. 

Si no se trata de una auditoría forense, las dependencias cuentan con un lapso de 30 días, desde que son notificadas, para aclarar y solventar las observaciones. De no hacerlo, la Auditoría procederá con la interposición de denuncias penales en contra de quien resulte responsable, según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La ASF informó que la SFP se negó dar acceso al equipo auditor a las instalaciones del órgano, “desde el inicio de los trabajos de fiscalización, la SFP manifestó que no ofrecería las facilidades para que el equipo auditor pudiera asistir a sus oficinas para realizar entrevistas o recorridos de prueba”, se lee en el documento.

El argumento fue que las actividades en las instalaciones gubernamentales estaban suspendidas a raíz de la contingencia sanitaria por COVID-19, sin embargo, la SFP como instancia revisora mantuvo la continuidad de estas, como lo indicaron los diversos acuerdos que publicó la SFP durante 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

La ASF también solicitó entrevistas a los Órganos de Vigilancia y Control (OVC), a propósito de contar con narrativas y descripciones más precisas sobre las acciones relacionadas con los cargos que ocupaban, correspondientes al ejercicio 2019 y para acreditar las actividades y funciones de la oficina a su cargo.

Empero, el ente fiscalizador se negó y argumento, nuevamente, que la pandemia era un impedimento para llevarlas a cabo. 

La ASF volvió a solicitar en un segundo momento la asistencia de los titulares de los OVC; no obstante, “estos fueron omisos en asistir a las entrevistas de auditoría”, de acuerdo con el documento.

Otra de las resistencias denunciadas por la ASF fue la negativa a la entrega de información y documentación que se solicitó, en específico, la correspondiente a los expedientes generados por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas presentadas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 ante los Órganos Internos de Control  (OIC) y los informes de presuntas responsabilidades administrativas que formularon dichos órganos desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 como autoridades investigadoras.

La respuesta de la SFP de nuevo fue negar la información al señalar que el universo de los expedientes y de los informes de presuntas responsabilidades administrativas, se encontraban plasmadas en una cifra estimada de más de 30,000 expedientes.

“Por lo que se encontraba impedida materialmente para remitir la documentación, además del breve término que fue concedido para la atención del requerimiento de 11 días hábiles, siendo imposible llevar a cabo el escaneo de toda la documentación requerida”, escribió la ASF.

Otro requerimiento no atendido fue el correspondiente al expediente de las investigaciones realizadas a un líder sindical por presuntas inconsistencias, anomalías e incongruencias en su patrimonio, sobre el cual la SFP argumentó que “el expediente fue remitido a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma secretaría, a fin de que se procediera con sus atribuciones, por lo que no se encontraba en el acervo físico o electrónico”.

A las inconsistencias se sumaron irregularidades y deficiencias en el proceso de contratación y gestión profesional de seis de los 50 servidores públicos que ocuparon las 29 plazas de la estructura de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC). 

“La SFP proporcionó 49 curriculum vitae, de los cuales se comprobó que en 21 casos no estaban actualizados al momento de la revisión; y se verificó que un servidor público que ocupó el cargo de Coordinador General; dos servidores públicos que ocuparon los cargos de delegados y comisarios públicos propietarios en los sectores de Economía y de Salud, Trabajo y Seguridad Social, y tres servidores públicos que ocuparon el cargo de subdelegados y comisarios públicos suplentes en los sectores de Desarrollo Económico, de Energía y de Educación y Cultura, no contaron con los años de experiencia requeridos en los perfiles de puesto”, señala el documento. 

Asimismo, la ASF indicó que analizó los perfiles de puesto de los titulares de los OIC en 24 entidades y dependencias seleccionadas, en los que se constató que “la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no definió un perfil del puesto y 2 entidades no estipularon los años de experiencia con los que debieron contar para ocupar dichos cargos”. 

Por lo que la ASF concluyó que la SFP no mantuvo “una política, lineamiento o metodología que estableciera las bases y justificara la selección de los servidores públicos sujetos a investigación”.

Es por todo ello que la ASF concluyó que: “la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”.

Si no se trata de una auditoría forense, las dependencias cuentan con un lapso de 30 días, desde que son notificadas, para aclarar y solventar las observaciones. De no hacerlo, la Auditoría procederá con la interposición de denuncias penales en contra de quien resulte responsable, según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. (Animal Político).

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