22 Febrero 2024
La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
detectó anomalías financieras en 14 dependencias
estatales durante 2022, último año de gobierno de
Miguel Barbosa Huerta, y no justificó el gasto de
735 millones 493 mil 406 pesos, lo que ubicó
a Puebla en el lugar número 10 entre los estados con
más daño patrimonial.
“En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla no
realizó una gestión eficiente de los recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas 2022”, indicó la ASF en la
auditoría 1477.
Las dependencias con más anomalías fueron
la Secretaría de Infraestructura y la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de
Puebla (CEASPUE), que ejecutaron 45 contratos de
obra pública que suman 265 millones 53 mil 98 pesos
con 50 centavos.
De igual forma, la Secretaría de Seguridad
Pública no justificó transferencias bancarias por 75
millones 543 mil 88 pesos con 85 centavos, tras la
fiscalización de 9 expedientes de adquisiciones,
arrendamientos y servicios.
La Secretaría de Salud tuvo anomalías por más de 55
millones debido a que se adquirieron insumos de
osteosíntesis y endoprótesis, blancos y
otros productos textiles, materiales y útiles de
oficina y no se justificaron.
También se detectaron 3 millones 397 mil 37 pesos
con 61 centavos tras la revisión de pagos realizados
a cuenta de la Secretaría de Educación y
la Secretaría de Desarrollo Rural.
Hasta la misma Auditoria Superior del Estado
(ASE) de Puebla tuvo anomalías, se pues le solicitó
al gobierno de Puebla proporcionar información
“adicional y comprobatoria” para justificar un
faltante de 256 millones 785 mil 759 pesos 84 con 84
centavos, tras la revisión de 10 expedientes de
adquisiciones, arrendamientos y servicios a cargo de
la Auditoria Superior del Estado.
Lo anterior, de acuerdo con la Tercera Entrega de
informes individuales sobre la fiscalización de
la Cuenta Pública 2022, turnada a la Cámara de
Diputados, en la que se detallan las 15
observaciones que fueron detectadas en la entidad.
¿Qué es lo que detectó la ASF en Puebla?
La Auditoria Superior de la Federación realizó 3
auditorías al gobierno de Puebla durante 2022. De
las 15 anomalías detectadas siete son pliegos de
observaciones, es decir, en las que se presume un
daño patrimonial y la presunta responsabilidad de
servidores públicos; y otras dos son solicitudes de
aclaración, que son llamados preventivos para
entregar información adicional y librar los
señalamientos, así como una recomendación y y cinco
Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria.
En la auditoria 1477, se detalla la Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
2022-1-01101-19-1483-16-006, por 265 millones 53 mil
98 pesos con 50 centavos, por la revisión de 45
contratos de obra pública y servicios relacionados
con las mismas, celebrados a través de la Secretaría
de Infraestructura y la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE).
También indica que el gobierno estatal realizó
convenios modificatorios de tiempo a dichos
contratos, los cuales exceden el porcentaje
permitido en la normativa, de los cuales “no se
presentó el aviso a la Secretaría de la Función
Pública”.
Asimismo, no se presentaron reportes de avances en
actividades, reporte fotográfico y las notas de
bitácora, documentación que acredite el pago de los
contratos o el cumplimiento contractual por parte de
la empresa contratista a través de las estimaciones.
En tanto, en la Solicitud de
Aclaración 2022-A-21000-19-1477-03-001, por 31
millones 193 mil 85 pesos con 73 centavos, para que
se justifique falta de evidencia documental que
acredite que el lugar donde se ejecutaron trabajos
de obra pública.
Tampoco se justificaron 19 millones 320 mil 937.69
pesos , pues no se contó con el título o escritura
que acredite propiedad de diversos bienes, de los
que no entregó pruebas fotográficas o títulos de las
adquisiciones.
En la auditoria 1483 se detectaron cinco Pliegos de
Observaciones por un monto mayor a los 154 millones
de pesos y una Solicitud de Aclaración por más
de 256 millones de pesos, debido a que no se realizó
“el debido proceso de adjudicación por la falta de
documentos en la integración de 72 expedientes”,
como facturas, pólizas y transferencias bancarias.
Los contratos fueron emitidos por la Auditoría
Superior del Estado, la Consejería Jurídica,
la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Ordenamiento Territorial; la
Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de
Turismo, los Servicios de Salud, la Universidad
Interserrana de Ahuacatlán, la Universidad
Tecnológica y la Secretaría de Planeación y
Finanzas.
De estos, en el Pliego de Observación
2022-A-21000-19-1483-06-001 se presume un probable
daño patrimonial de 27 millones 679 mil 498 pesos
con 52 centavos a cargo de la Secretaría de Salud.
En el expediente 2022-A-21000-19-1483-06-004 se
detalla un faltante de 19 millones 320 mil 937 pesos
con 69 centavos pagados por la Secretaría de
Planeación y finanzas.
El Pliego de Observaciones
2022-A-21000-19-1483-06-003 describe un presunto
quebranto de 28 millones 337 mil 60 pesos con 25
centavos por la falta de documentación justificativa
y comprobatoria del gasto, almacén y el resguardo de
bienes estatales.
El expediente 2022-A-21000-19-1483-06-005 indica un
faltante de 3 millones 397 mil 37 pesos con 61
centavos tras la revisión de pagos realizados “a
cuenta de la Secretaría de Educación y la Secretaría
de Desarrollo Rural, relativos al mantenimiento y
conservación de inmuebles. También por la falta de
documentación sobre adjudicaciones realizadas a
través de la Secretaría de Infraestructura y la
CEASPUE.
En el folio 2022-A-21000-19-1483-06-002 se indica la
falta de aclaración de 75 millones 543 mil 88 pesos
con 85 centavos, tras la fiscalización de 9
expedientes de adquisiciones, arrendamientos y
servicios de la Secretaría de Seguridad
Pública por no justificar transferencias
bancarias ni transparentar el listado de los
talleres mecánicos que dieron mantenimiento
preventivo y correctivo a los vehículos arrendados
de la dependencia.
En tanto, en la Solicitud de Aclaración
2022-A-21000-19-1483-03-001, la ASF le solicitó al
gobierno de Puebla proporcionar información
“adicional y comprobatoria” para justificar un
faltante de 256 millones 785 mil 759 pesos 84 con 84
centavos, tras la revisión de 10 expedientes de
adquisiciones, arrendamientos y servicios a cargo de
la Auditoria Superior del Estado.
De acuerdo con la auditoría 1485, a través del
Pliego de Observaciones 2022-A-21000-19-1485-06-001,
se realizó la revisión de 11 contratos celebrados a
través de la Secretaría de Salud Estatal, detectando
un presunto daño patrimonial por 28 millones 183 mil
840 pesos.
Los proyectos fueron adjudicados mediante el proceso
de invitación al menos a tres personas con los que
se adquirieron insumos de osteosíntesis y
endoprótesis, blancos y otros productos textiles,
materiales y útiles de oficina, material de
limpieza, servicio de diagnóstico, entre otros, pero
no se proporcionó evidencia de la difusión de las
invitaciones en el CompraNet. (e-consulta).
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