1 Julio 2025

México.- Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general y en lo particular dos dictámenes fundamentales en materia de seguridad: la Ley General del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ambos ordenamientos establecen el uso de datos personales, facultades para intervenir telecomunicaciones en centros penitenciarios y la adscripción de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar.
El dictamen sobre investigación e inteligencia fue aprobado con 7 votos a favor y 4 en contra en la Comisión de Seguridad Pública, y 9 a favor y 4 en contra en Estudios Legislativos, mientras que, en el caso del dictamen sobre el sistema nacional de seguridad pública, la votación fue de 6 votos a favor y 2 en contra en Seguridad Pública, y 12 a favor y 2 en contra en Estudios Legislativos.
Ambas leyes facultan al Estado mexicano para integrar y utilizar bases de datos con información personal, patrimonial y biométrica de personas físicas y morales, tanto nacionales como extranjeras, con fines de prevención del delito, inteligencia, seguridad interior y atención de riesgos.
La recopilación y el uso de estos datos deberán cumplir con principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y estarán sujetos a control judicial en los casos que impliquen comunicaciones privadas.
El nuevo Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia será coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, e integrará información proveniente de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, migración, autoridades estatales, municipales y otras instituciones. También podrá obtener datos de fuentes abiertas y privadas.
El marco legal aprobado permite que las autoridades competentes soliciten a los prestadores de servicios de telecomunicaciones la restricción parcial, total, temporal o permanente de señales de voz, datos o imagen dentro de los centros penitenciarios federales y estatales, como medida para prevenir delitos y garantizar la seguridad institucional.
Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional será responsable de administrar los sistemas de información, emitir lineamientos, ejecutar acuerdos y supervisar los mecanismos de coordinación entre las instancias de seguridad.
La nueva legislación establece de manera explícita que el personal militar adscrito a la Guardia Nacional quedará sujeto a la jurisdicción militar, en apego al artículo 13 de la Constitución. Esta disposición consolida el carácter militar de dicha corporación, pese a su función en tareas de seguridad pública.
Con la aprobación de estos dictámenes, se abroga la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente desde 2009 y el nuevo marco legal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Poder Ejecutivo contará con 120 días naturales para emitir el nuevo reglamento del Secretariado Ejecutivo, que deberá contemplar la creación de al menos tres centros nacionales con funciones de prevención, análisis de información y certificación.
Durante el periodo de transición, los acuerdos, lineamientos y normas derivados de la ley anterior seguirán vigentes hasta que sean modificados o eliminados y la Secretaría de Gobernación tendrá un plazo de 60 días hábiles para regular el funcionamiento e integración de las mesas de paz en las entidades federativas y regiones del país.
Asimismo, se establece que los servidores públicos actualmente en funciones que no cuenten con el nivel académico requerido podrán continuar en sus cargos, siempre que acrediten mecanismos de regularización.
Oposición rechaza Ley de Inteligencia; acusa intento de vigilancia masiva sin controles
Los senadores de oposición expresaron un rechazo contundente al dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, al considerar que plantea un modelo de vigilancia masiva sin controles judiciales ni garantías para la protección de los derechos ciudadanos.
Aunque el dictamen relacionado con la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública recibió el respaldo parcial de algunas bancadas, otras señalaron que ambas iniciativas forman parte de un paquete autoritario que amenaza las libertades fundamentales.
Durante la primera reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, advirtió que las reformas impulsadas por Morena no deben analizarse de manera aislada. Afirmó que se trata de un paquete legislativo más amplio que busca instalar un sistema de vigilancia sin controles democráticos.
“Lo que hoy estamos discutiendo no es una ley más… están construyendo un Estado espía. Quieren conectar todas las bases de datos públicas y privadas en una sola plataforma, sin control judicial, sin transparencia y sin defensa posible“, acusó. Añadió que la reforma revive el padrón de usuarios de telefonía móvil, declarado inconstitucional, e impone un CURP biométrico obligatorio para acceder a cualquier servicio público o privado.
Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales coincidió en la gravedad de los riesgos que implican algunas disposiciones del dictamen de inteligencia. “Sí a combatir el crimen organizado, pero no a costa de la privacidad ni de las libertades“, dijo.
Barrales explicó que el artículo 24 obliga a todas las autoridades que manejan bases de datos biométricos, fiscales, de salud, telecomunicaciones, entre otros, a compartir su información sin restricciones.
Además, el artículo 28 permite al Centro Nacional de Inteligencia el acceso irrestricto a los registros de CURP administrados por la Secretaría de Gobernación, mientras que el artículo 44 faculta a la Guardia Nacional a operar con esa información sin necesidad de orden judicial.
“Con esto se completa el andamiaje legal para que el Ejército tenga acceso total a nuestra información personal. Eso es francamente preocupante”, sostuvo.
Por parte del PAN, el senador Gustavo Sánchez Vásquez informó que su bancada votó a favor del dictamen de seguridad pública, pero en contra del de inteligencia, al considerar que este último establece mecanismos de vigilancia masiva sin controles judiciales.
“El dictamen faculta a la Secretaría de Seguridad a acceder a bases de datos personales, fiscales, biométricos y financieros sin orden judicial. Esta es una ley para el espionaje, no para la inteligencia”, afirmó al señalar que Acción Nacional propondrá reservas para introducir estándares internacionales de control judicial, proporcionalidad y revisión.
En defensa de ambos dictámenes, la senadora Verónica Camino Farjat, de Morena, destacó que las reformas fueron elaboradas con base en un análisis técnico impulsado por la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y responden a las necesidades actuales del país.
Explicó que el nuevo ordenamiento en materia de seguridad pública abroga la ley vigente, fortalece el sistema nacional con mayor integración y establece mecanismos obligatorios de coordinación entre los tres niveles de gobierno. La nueva ley también profesionaliza a las corporaciones, crea conferencias nacionales especializadas y flexibiliza la operación institucional.
Sobre el dictamen en materia de inteligencia, explicó que se crean cuatro grupos de trabajo: uno en análisis criminal, otro en temas patrimoniales y financieros, un tercero en registros y telecomunicaciones, y uno más sobre fortalecimiento probatorio.
Señaló que participan el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General, las Fuerzas Armadas y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Camino rechazó las acusaciones sobre espionaje. “Una prueba obtenida ilegalmente no puede usarse en juicio. La inteligencia es una cosa; la evidencia judicial es otra. La ley contempla salvaguardas para proteger los derechos”, dijo. (Ovaciones).