Involucran a Nacho Mier y Arturo Rueda en lavado de dinero

La investigación financiera descubrió depósitos millonarios en transferencias y en efectivo entre docenas de cuentas bancarias de empresas, algunas de ellas fantasma o con reportes de ser fantasma, para “limpiar” los recursos recibidos de Ayuntamientos y dependencias estatales de la administración pública estatal.

Tras un análisis la UIF identificó “hechos probablemente constitutivos de delito” y puso en la mira a tres personas físicas y cuatro personas morales directamente involucrados en esas actividades.

Los sospechosos etiquetados por la SHCP como Personas Físicas son José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, Florentino Daniel Tavera Ramos, Francisco José Romero Serrano y el mismo diputado federal Ignacio Mier Velasco.

Las personas Morales son Multisistema de Noticias Cambio SA de CV, CESA Ingeniería y Consultoría Integral SA de CV, Sindicato José Vasconselos de Trabajadores de Empresas de México y Comercio y Servicios Edubi SA de CV.

La UIF concluyó tras sus pesquisas, que las personas involucradas están relacionadas intrínsecamente con operaciones “que al parecer” tienen su origen en actividades ilícitas.

En esta trama los personajes denunciados, argumenta la UIF en su denuncia ante la FGE de Puebla, han desplegado conductas tendientes a ocultar el origen de los recursos, a fin de disponer de ellos a través del blanqueo de capitales actualizando elementos propios de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, dice el reporte de 110 páginas del que www.xpectrofm posee copias.

Las alertas del sistema financiero mexicano se encendieron cuando detectaron operaciones inusuales relacionadas con la actividad empresarial de José Arturo Rueda Sánchez y de su empresa Multisistema de Noticias Cambio (Diario Cambio) de la cual es accionista el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, según consta en las escrituras de la compañía.

Fue un escándalo mediático del empresario periodístico socio de Mier el que detonó la investigación, pues en el proceso electoral del 2021, el entonces candidato a diputado local del PRI, Jorge Estefan Chidiac, demandó penalmente a Rueda por intento de extorsión y exhibió un video donde el dueño del periódico Cambio, entre otras cosas, ofrecía facturar los montos recibidos de la aparente extorsión a través de una constructora.

Esa videograbación marcó la pauta para la UIF, que detectó irregularidades y altos indicadores de lavado de dinero con personas morales consideradas como fachada, además de personas físicas presuntamente prestanombres.

Los testaferros físicos y morales para la UIF son Florentino Daniel Tavera Ramos, Francisco José Romero Serrano; Multisistema de Noticias Cambio SA de CV, Cesa Ingeniería y Consultoría Integral SA de CV, Sindicato José Vasconselos de Trabajadores de Empresas de México, y Comercio y Servicios Edubi SA de CV.

La investigación de la UIF establece que el esquema de blanqueo alcanzó también operaciones con municipios del Estado de Puebla, las cuales según la autoridad pudieran tratarse de simulaciones para desviar recursos por tratarse de adjudicaciones directas de servicios entre el Ayuntamiento y empresas de publicidad sin que existiera justificación aparente para prescindir de una licitación.

Rueda, propietario de Diario Cambio, reportó al SAT desde el 2013 al 2019, ingresos por 6 millones 923 mil 292 pesos.

Otra alerta fue que el empresario editorial recibió 43 transferencias electrónicas por 10 millones 736 pesos por concepto de préstamos, pagos y becas de 14 empresas y personas físicas, siendo las operaciones más relevantes de la empresa operadora del Diario Cambio.

Por lo cual la UIF establece que esta situación “no permite a esta Unidad determinar el origen real de los recursos declarados y por lo tanto es posible dudar de la naturaleza legal de los mismos” y más al existir datos públicos que “vinculan a José Arturo Rueda Sánchez de la Vega en posibles actos de extorsión y desvío de recursos mediante sus empresas”.

La autoridad fiscal encontró en sus declaraciones diversas irregularidades, entre ellas un depósito en efectivo de 350 mil pesos sin identificar concepto; la emisión de tres cheques por 2 millones 398 mil pesos a dos personas físicas, pero sin justificar el motivo de la transferencia.

Según la carpeta de investigación de la UIF existe la emisión de otros seis cheques por 208 mil pesos, la mitad de ellos al entonces titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Francisco José Romero Serrano.

Con base en ello, la UIF encontró un indicio de la ruta del dinero que siguieron adquisiciones directas con diversos municipios del estado de Puebla, pagados en concepto de publicidad y que posteriormente llegaron al que sería el funcionario encargado de su revisión vía auditoría.

También se detectó que el empresario Rueda recibió un préstamo por 1 millón 700 mil pesos sin que se tengan mayores datos respecto al acreedor.

Además, el dueño del periódico Cambio de Puebla adquirió un departamento en la Colonia Anzures de la Ciudad de México por 1 millón 600 mil pesos; una casa en Puebla por 710 mil pesos y un inmueble sin identificar por 4 millones.

Se logró comprobar que también es accionista y representante legal de la empresa Periodismo Comunicación y Publicidad de Puebla SA de CV, la cual se encuentra dentro de la Lista de Proveedores de Gobierno de Puebla, sin registrar operaciones dentro del sistema financiero.

José Arturo Rueda Sánchez de la Vega es accionista además de la empresa Multisistemas de Noticias Cambio S DE RL y de acuerdo con el Registro Público 27618 también lo acompaña como accionista Moisés Ignacio Mier Velasco, líder de la bancada morenista.

En el andamiaje y entramado de empresas y nexos resaltó en la investigación el nombre de Florentino Daniel Tavera Ramos representante legal de 32 empresas constituidas entre el 2017 y 2019, entre ellas Cesa Ingeniería y Consultoría Integral SA de CV; y Comercio y Servicios Edubi SA de CV., éstas dos últimas con nexos y transferencias con las empresas del empresario poblano.

Al igual que en Las Empresas Fantasma de Javier Duarte en Veracruz, en la Operación Angelópolis se confirmó que las compañías comparten domicilio, teléfono y representante legal y realizaron transacciones con el empresario periodístico.

En todas, los especialistas detectaron que no existía “una lógica transaccional”, pues registraban poca permanencia de recursos, depósitos efectuados de manera fraccionada y domicilios correspondientes a una casa habitación.

A Florentino Daniel Tavera Ramos le detectaron una cuenta de cheques en la que de febrero a mayo del año 2021 recibió 175 depósitos por 780 mil pesos y efectúo 233 retiros por un millón 400 mil pesos, la mayoría de ellos a la empresa Cesa Ingeniería y Consultoría Integral SA de CV, Ducomosel SA de CV.

Además, fue relacionado con operaciones irregulares de moneda nacional y extranjera a través de las empresas fachadas por 43 millones de pesos en total provenientes de Colombia, Estados Unidos, Uruguay, China, Canadá, Alemania, Hong Kong, Países Bajos y Suiza.

Según la plataforma internacional, Tavera Ramos adquirió autos de lujo por más de un millón de pesos y el traslado, por medio de la empresa de seguridad Pan Americano, de más de 400 millones de pesos en efectivo.

En las investigaciones financieras destacó Francisco José Romero Serrano, quien fue electo como titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 28 de noviembre del 2019 y separado del cargo el 31 de marzo del 2022 por pesar en su contra una denuncia por violencia familiar.

El funcionario fue detenido y permanece preso en Puebla señalado por la FGE de dos presuntos delitos, uno por violencia familiar y el otro por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIF y sus investigadores detectaron que Romero Serrano es socio mayoritario de la empresa Diseño Corporativo y Finanzas SA de CV, la cual cuenta con dos domicilios fiscales. El primero de ellos coincidente con 16 personas físicas y morales, y el segundo coincidente con 9 personas físicas y morales.

Este hecho alertó sobre posibles irregularidades, altos indicadores de posible desvío de recursos, conflicto de intereses y posible enriquecimiento ilícito.

Se detectó que antes de ser funcionario realizó operaciones financieras con la empresa Multisistema de Noticias Cambio S de RL de CV y con el empresario José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, también investigados previamente por sospecha de lavado de dinero.

Se encontró también que del 2013 al 2018 Romero reportó al SAT ingresos por 12 millones de pesos y que en el 2020 recibió depósitos por 702 mil pesos, sin que se pueda identificar el concepto de los depósitos, así como las personas físicas o morales que las realizaron.

En el periodo del 2015 al 2016 recibió tres cheques del empresario periodístico José Arturo Rueda Sánchez por 130 mil pesos, sin que se demostrara el motivo de la transferencia y de febrero de 2019 y noviembre de ese mismo año recibió una transferencia por 68 mil pesos de Multisistema de Noticias Cambio S de CV, empresa investigada en la trama de lavado de dinero.

En contraparte, detectaron en la UIF que Francisco José Romero compró un vehículo por un millón 648 mil pesos y la compra de un vehículo usado por 665 mil pesos de la empresa Diseño Corporativo y Finanzas, de la cual el implicado es socio.

Se localizaron 10 avisos de American Express Company México, mediante los cuales notificó que de febrero de 2017 a noviembre de ese mismo año, registraron 2 millones 931 mil pesos por uso de tarjeta de una mujer, identificada como Marlene Pérez Bayliss, beneficiario del servicio del ahora ex funcionario y socia de su empresa Diseño Corporativo y Finanzas.

Las investigaciones encontraron una posible evasión fiscal, pues no presentó declaraciones de los ejercicios 2019 y 2020, ya siendo funcionario público, aún cuando tenía la obligación de presentar informe sobre sus sueldos percibidos.

Para la Unidad de Inteligencia Financiera pudiera actualizarse conflicto de interés entre las empresas que guardan vínculos del Gobierno del Estado de Puebla y Francisco Serrano, además de los vínculos con el empresario periodístico, “quien presenta un esquema de posible evasión fiscal y con una demanda penal en su contra por delitos de extorsión y chantaje”.

La indagatoria financiera se enfocó en la empresa Multisistema de Noticias Cambio S de RL de CV creada en 2007 por Salvador Rivera Solano y Adolfo Mendoza Ramos.

En 2009, según el instrumento público 27618, se presentó un incremento de capital y la admisión de dos socios: José Arturo Rueda Sánchez de La Vega y Moisés Ignacio Mier Velasco, actual líder de la bancada morenista.

Entre 2014 y 2020, la empresa reportó ingresos por 56 millones de pesos, pero presentó deducciones por 53 millones (el 94 por ciento del total), por lo que la autoridad financiera determinó que el margen de impuestos causados es muy bajo.

La UIF encontró que entre 2015 y 2021 registró operaciones con 20 organismos, dependencias y municipios, entre ellos la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Entre marzo del 2015 y mayo del 2021, la empresa emitió 106 cheques por 4 millones 293 mil pesos.

La empresa Consultores Comerciales la Noria SA de CV recibió 689 mil pesos, sin embargo, se encontró que comparte representante legal con las personas morales Comercio y Servicios Edubi SA de CV y Operadora Comercial Tisoarei.

Otros 394 mil pesos fueron al Bufete de Proyectos de Información y Análisis, compañía denunciada por delitos electorales y 174 mil a Comercializadora Etilay, reportada como posible facturera.

Dentro de ese paquete de cheques, se emitió uno al actual coordinador de la bancada morenista, Moisés Ignacio Mier Velasco, por 97 mil 500 pesos.

También se encontró que la empresa de Rueda y del líder de la bancada morenista recibió 102 transferencias electrónicas de fondos por 657 mil pesos, de los cuales el 96 por ciento provenían del Ayuntamiento de Atlixco.

La compañía periodística transfirió al socio Arturo Rueda, en agosto del 2019, dos millones 360 mil pesos por concepto de reembolso por aportación futura aumento, lo que para autoridades fiscales podría representar un posible escenario de evasión fiscal.

El proceso sigue abierto en la FGE de Puebla la cual no emite aún declaraciones sobre el resto de los involucrados en el caso y no es público en que punto se encuentran las indagatorias ni el alcance de la denuncia de la UIF.

Se solicitó la opinión del diputado Ignacio Mier y el empresario José Arturo Rueda sobre el contenido de esta investigación de la UIF, en el caso de Mier a través de su coordinador de comunicación, Carlos Pérez Coliote; y al empresario Rueda a través del director general de Diario Cambio, Arturo Rueda.

Hasta el cierre de esta edición no había respuesta del coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier ni de su oficina.

Sin embargo, José Arturo Rueda Sánchez, presidente del consejo y director de Diario Cambio, dio su versión y dijo que no tiene ningún requerimiento del SAT por discrepancias fiscales, aunque checaría sus declaraciones ante Hacienda.

XPECTROFM le ofreció una entrevista para responder el cuestionario que se le envió sobre la indagatoria de la UIF cuando tuviera esa información.

Además, en entrevista telefónica, afirmó que el diputado Mier no tiene que ver “hace 10 años” o “desde 2010” con la administración de Diario Cambio y aseguró no conocer a Florentino Tavera Ramos, representante legal de 32 empresas, algunas de las cuales tuvieron relación con el empresario poblano, a las que la UIF señala como parte de un esquema de lavado de dinero.

Respecto al auditor Francisco Romero Serrano, Rueda señaló que “prestó sus servicios contables a Diario Cambio” y que los cheques emitidos a su nombre por la empresa fueron por servicios profesionales de 2015 a 2020, que dejó de haber relación al asumir como Auditor Superior y afirmó que “si enloqueció” después “se peleó con el gobernador” Miguel Barbosa es algo que desconoce.

Respecto a la denuncia de extorsión por parte del priista José Estefan Chidiac, quien exhibió públicamente un video donde Rueda le exige 10 millones de pesos y le ofrece facturarlos a través de una constructora, señaló que en 2016 “se determinó el no ejercicio de la acción penal” en la FGE.

Alegó que la publicación de la investigación sería “un delito porque además me pone en riesgo personal” y que los periodistas y las fuentes consultadas en esta investigación “podrían ser denunciadas por violar el secreto fiscal” y “habría una clara violación legal al sigilo de las investigaciones” de la FGE.