EL TSJ, EL CONGRESO Y EL GOBIERNO VIOLAN LA REFORMA EN TRANSPARENCIA

Puebla.- La reforma a la Ley de Transparencia que aprobaron los diputados hace más de un año ha sido ignorada no sólo por el gobierno del estado sino incluso el propio Congreso y el Tribunal Superior de Justicia. En los tres órdenes de gobierno el incremento de la información básica que debe estar publicada en sus portales de transparencia no ha sido actualizado cómo se estableció en la ley que entró en vigor el 20 de julio del 2008.

Aunque el caso más grave en la violación a la ley se observa dentro del aparato responsable de la administración de la justicia, pues el Honorable Tribunal Superior de Justicia (HTSJ) exige datos personales del solicitante que fueron derogados en la modificación al marco legal que tiene 14 meses de estar en vigencia.

En el módulo de transparencia del HTSJ (http://www.htsjpuebla.gob.mx/transparencia.php) se exigen como requisitos para atender una solicitud de información que ésta sea acompañada "cuando menos" por una copia de la identificación oficial del solicitante y la especificación de un domicilio para recibir notificaciones.

Y se establece además un plazo de 15 días hábiles para responder a las solicitudes de información.

Esas dos condiciones establecidas por el Poder Judicial atentan contra el derecho ciudadano al constreñir las posibilidades del acceso a la información, pues las modificaciones aprobadas por la mayoría priista en el Congreso redujo a 10 días hábiles el periodo para responder solicitudes y eliminó la obligación del solicitante a identificarse para realizar el trámite.

Ellos modifican pero no cumplen

El caso de los diputados no es menor. El 18 de junio y tras un debate intenso la mayoría priista aprobó con el rechazo de la bancada panistas y algunos diputados de oposición una reforma que fue calificada por organismos civiles como "limitada".

La promesa entonces del presidente de la comisión de Transparencia, Jorge Ruiz Romero, fue: "aprobemos la reforma como está y luego retomamos el tema". Desde entonces el tema, a decir de Eduardo Rivera Pérez, líder de la bancada azul en el Congreso, sigue en la congeladora.

De hecho la comisión de Transparencia del Congreso, sólo ha sesionado en este año en cuatro ocasiones para tratar temas administrativos o relacionados con el caso Juárez Acevedo, a decir de sus integrantes.

Pero, lo que todos los legisladores han pasado por alto, lo mismo los del partido oficial en el estado que los llamados de oposición, es que desde el seno del propio Congreso se incumple con la ley que avalaron.

Las obligaciones de transparencia que pueden ser consultadas en la página electrónica del Congreso (http://www.congresopuebla.gob.mx/Transparencia/terminos.php) sólo alcanzan a cubrir 12 apartados, cuando la reforma que se volvió obligatoria desde el 18 de julio pasado, fecha en que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, establece 14 apartados obligatorios.

Oficina de membrete

En el caso del gobierno estatal la situación es la misma. Y el órgano garante responsable de hacer cumplir con la transparencia se ha transformado en la práctica en una oficina de membrete, pues además de ser ignorada por las dependencias a su cargo, además es hasta el momento el único órgano en todo el país que no tiene atribuciones para administrar o conocer del sistema electrónico gubernamental.

Sus propios integrantes lo reconocen, uno abiertamente: Samuel Rangel el presidente; otra más a regañadientes: Blanca Lilia Ibarra, comisionada de recién ingreso.

Con la modificación a la ley de transparencia estatal la información básica de oficio –es decir aquella de que debe estar disponible y actualizada en todo momento en las páginas de transparencia— aumentó en dos apartados que imponen transparencia a los datos sobre los recursos públicos que se entreguen a personas físicas y morales, y la publicación de los indicadores de gestión.

Nada de eso se ha cumplido hasta el momento, ni en el gobierno del estado, ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo.

La única respuesta oficial por parte de las autoridades estatales se ofreció en agosto pasado, cuando la Fiscalía Anticorrupción atendió la siguiente petición de información:

"Solicito se me informe las razones por las cuales no se han actualizado los portales gubernamentales con los 14 apartados de información básica de oficio a los que obliga la reforma a la Ley de Transparencia que fue publicada el 20 de julio del 2008. Pido también se me informe la fecha en que dicha disposición, vuelta ley desde el momento mismo en que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, será atendida y será accesible desde los sitios electrónicos".

La respuesta fue la siguiente: "En términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, le comento que la plataforma que soporta tanto a la página del Gobierno del Estado como a los distintos sitios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal se encuentra en proceso de rediseño para mejorar su presentación y funcionalidad, y de esta manera brindar al ciudadano información clara y fácil de encontrar".

"Por lo anterior, y una vez que los procedimientos informáticos así lo permitan, la información a que usted se refiere en su solicitud, aparecerá publicada en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado, haciendo visible el trabajo de actualización al que se ha hecho referencia".

Un mes después de esa respuesta aún no se cumplido con lo dicho. (Fuente e-Consulta).