Caseros aumentan la renta de
manera abusiva, pretextando supuesta alza en los impuestos Incremento
de solicitudes de asistencia jurídica registra la Procuraduría del
Ciudadano ante juicios de desahucio (desalojo de inquilinos) en lo que
va del presente año; la causa que argumentan las y los usuarios, es que
los caseros les imponen aumento abusivo en la renta, pretextando
supuesta alza en los impuestos. Es
por ello, que el Procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales,
sentenció que en caso de abuso por parte de los arrendadores
(propietarios de la vivienda o local), las y los arrendatarios
(inquilinos) que lo soliciten, tendrán el respaldo jurídico,
profesional, oportuno y eficaz de la institución. Que
se entienda bien, subrayó, el Gobierno del Estado siempre sensible a
los reclamos de la población, estará pendiente de que se aplique de
manera correcta la ley; y en el caso de los contratos de arrendamiento,
que no haya abusos por parte de los propietarios de los inmuebles
materia del acuerdo de voluntades. Por
su parte, el director del área Civil y Mercantil de la Procuraduría
del Ciudadano, Alberto López de la Barreda, indicó que en lo que va
del presente año, las y los defensores públicos a su cargo, han
atendido 108 asuntos referentes a abusos en el aumento de la renta por
parte de los caseros; cifra, dijo, que es un ciento por ciento mayor a
la registrada en los dos primeros meses del año pasado. La
queja más recurrente, señaló, es que dicen los inquilinos, que los
caseros les quieren aumentar hasta el doble la renta, sin que ello esté
estipulado en el contrato; al margen de que los propietarios quieren que
los arrendatarios paguen parte o la totalidad de los impuestos, predial,
agua, recolección de basura, etcétera. Comentó,
que, también de acuerdo a versiones de las y los usuarios, en unos
casos, la actitud que asumen algunos caseros para presionar el pago de
la renta o el desalojo del o los inquilinos, llega a lo aberrante, pues
les cortan el agua o el suministro de energía eléctrica o cierran con
candado los accesos al sanitario comunal o lavaderos, lo que en sí
–sostuvo- constituye un delito; y en otros; les envían “abogados”
que les amenazan “con refundirlos en la cárcel si no desalojan la
vivienda y pagan las rentas atrasadas”. López
de la Barreda, puntualizó que la ley plasma que el aumento de la renta
deberá está sujeta a un porcentaje mínimo de acuerdo al incremento al
salario, por eso, hoy en día, hablar de un alza mayor al 10 por ciento,
es un abuso; este fenómeno se viene dando en casas habitación, sobre
todo en zonas donde el conglomerado es de escasos recursos económicos.
Recomendó que ningún inquilino se vaya del lugar que renta sin que
medie una sentencia ejecutoriada que así lo determine. Explicó
que en primera instancia, la Procuraduría del Ciudadano cita al
propietario del inmueble, se habla con el y se le hace ver las
irregularidades que comete, lo que ha dado, aseguró, buenos resultados,
ya que se han trabado varios convenios; de haber reticencia por parte
del arrendador, se está a la espera que llegue la demanda del juicio de
desahucio para dar puntual contestación; y en caso de existir ya un
proceso, se comparece ante el juez para lograr que se otorgue tiempo
suficiente al inquilino para encontrar una vivienda que rentar,
“finalmente se tendrá que ir”. Si
alguna persona tiene problemas con su arrendador, puede acudir a las
oficinas del área Civil y Mercantil de la Procuraduría del Ciudadano,
localizada en oficinas centrales, sito, 14 norte No. 205, barrio de la
Luz, en esta ciudad, con horario de atención al público de las 8:00 a
las 16:00 horas, en días hábiles.
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