El rechazo mundial a las corridas de toros

Las corridas de toros están prohibidas en muchos países. Este evento crea controversia en muchas partes del mundo, incluida España. Una de las autonomías españolas, las Islas Canarias, tienen prohibidas las corridas de toros a partir de la Ley canaria de protección de animales de 1991. De cualquier manera, la afición por los toros en Canarias era casi inexistente, y no se celebraban corridas desde 1984. Por su parte, Barcelona se declaró ciudad antitaurina en una declaración institucional aprobada por el pleno del Ayuntamiento de esa ciudad el 6 de abril de 2004, tras una petición popular con más de 245.000 firmas recogidas en todo el mundo. La declaración, sin efectos prácticos, ya que la competencia para prohibir las corridas de toros, en Cataluña, corresponde exclusivamente a la Generalitat, se aprobó en votación secreta con 21 votos a favor, 15 en contra y 2 en blanco. Barcelona se convirtió así en la primera gran ciudad española que se ha declarado antitaurina. Solamente poblaciones pequeñas como Coslada, en Madrid, han adoptado declaraciones de este tipo desde que Tossa de Mar (Gerona) promovió por primera vez esta iniciativa en 1989.

Las críticas a las corridas de toros no son algo nuevo. Desde su mismo nacimiento como "espectáculo" moderno, en el siglo XVIII, las corridas de toros han sufrido críticas, prohibiciones y han tenido que sortear numerosas dificultades. La nueva dinastía llegada a España (los Borbones), y en general la aristocracia afrancesada, despreciaba estos espectáculos por considerarlos indignos y propios del populacho, por lo que Felipe V prohibió su ejercicio a sus cortesanos (1723). Fernando VI solo consintió las corridas a cambio de que sus beneficios se destinasen a obras de caridad como sufragar hospitales y hospicios. De esta época son las primeras plazas de toros construidas como edificios permanentes, como la de Madrid o la de Zaragoza. Algunos intelectuales ilustrados, como Jovellanos, también criticaban estos espectáculos por considerarlos poco didácticos y una muestra del atraso español. Hasta que Carlos III, influido por el Conde de Aranda, prohibió las corridas de toros en 1771. El pueblo, sin embargo, hizo caso omiso, y siguió entregándose con entusiasmo a las nuevas figuras del toreo, que Francisco de Goya recogió en su serie de grabados sobre tauromaquia. Todos los gobernantes posteriores intentaron prohibir las corridas: Carlos IV volvió a hacerlo en 1805. Tras la Guerra de la Independencia Española, a lo largo del siglo XIX, surgía con frecuencia en el Parlamento español el debate de la prohibición. La última vez fue en 1877, cuando el Marqués de San Carlos propuso a los diputados la prohibición de las corridas de toros. Se rechazó la propuesta pues se consideraba que sería demasiado impopular: era la época de Lagartijo y Frascuelo.

A partir de entonces no se ha abordado la prohibición directa, pero todos los regímenes posteriores (la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, el franquismo y la democracia) han puesto dificultades y las han tolerado a cambio de gravarlas con impuestos especialmente altos y mantenerlas bajo control (los toros siguen dependiendo aún hoy del Ministerio del Interior). En opinión del escritor taurino Domingo Delgado de la Cámara, “la fiesta es una superviviente nata: siempre rodeada de enemigos, solo se mantiene viva por el gran cariño que la profesa gran parte del pueblo español”.

Por otra parte, según una encuesta Gallup realizada en 2002, el 31% de los españoles se mostró muy o algo interesado en las corridas de toros mientras que un 68,8% no mostraba ningún interés. Sólo el 0,2% no mostró ninguna opinión al respecto. A principios de los años 70, los interesados en las corridas de toros eran el 55% de los españoles, en los 80 este colectivo representaba alrededor del 50%, mientras que en los 90 las cifras de aficionados se desplomaron, situándose en torno al 30%. Aunque las corridas de toros son un espectáculo conocido en toda España, su distribución regional no es uniforme, siendo Galicia y Cataluña las comunidades donde el interés es menor: manifestaron no tener ningún interés el 81% en el noreste y 79% en el noroeste. En la zona norte, centro, este y sur, el interés es mayor: alrededor de un 37% se declararon aficionados y un 63% no interesados.      

En 2006, según otro sondeo de Investiga (antes Gallup), un 26,7% de las personas encuestadas afirmaban estar algo o muy interesadas en las corridas de toros. El perfil de los aficionados es en su mayoría masculino (un 33,5% de los varones encuestados afirmó interesarle los toros) y de más de 45 años, alcanzándose el máximo interés entre las personas de 65 y más años, con un 41,1% de aficionados. El 72,1% de la población española afirmaba, en cambio, no tener ningún interés por los espectáculos taurinos. Este desinterés lo demostraron sobre todo las mujeres, con un 78,5%, y las personas con edades comprendidas entre 15 y 24 años, con un 81,7%.

Existen discrepancias acerca de si en Canarias las corridas de toros están prohibidas por ley. La ley 8/1991 de 30 de abril señala que su objetivo es "la protección de los animales domésticos". En opinión del presidente del gobierno autonómico de Canarias en aquel momento el toro de lidia no es un animal doméstico. A raíz de la aprobación de dicha ley dejaron de celebrarse corridas de toros en Canarias teniendo en cuenta además que la afición a la tauromaquia en las islas es casi inexistente.

En Cataluña, 453.000 firmantes de todo el mundo pidieron en 2005 que el Parlamento autonómico suprimiese la corridas de toros en esa comunidad. Sólo en Cataluña se recogieron 250.000 firmas en seis meses. Sin embargo, en una encuesta publicada en 2007 en el diario El Mundo sobre la conveniencia o no de su prohibición, un 58% de españoles considera que no deben prohibirse, frente a un 33% que las prohibiría inmediatamente, con un 9% de indecisos. El 28 de julio de 2010, el Parlamento de Cataluña aprobó la prohibición de llevar a cabo corridas de toros en Cataluña por 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones. Esta votación supuso la culminación de un proceso de iniciativa legislativa popular presentada ante las instituciones catalanas por la plataforma “Prou!”, que contó con 180.000 adhesiones.

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