Caseros imponen severas penas económicas en contratos de arrendamiento, advierte la Procuraduría del Ciudadano

 

*En algunos casos, obligan al inquilino a firmar pagarés para garantizar el pago de rentas

 

*Los arrendatarios involucrados en esa clase de conflictos pueden solicitar la asistencia jurídica de la Procuraduría del Ciudadano, recomendó Martín Fuentes Morales

 

Contar con una morada bajo renta, en ocasiones puede acarrear agudos problemas económicos para los arrendatarios y poner en riesgo su patrimonio, pues la Procuraduría del Ciudadano, en su labor cotidiana, advirtió que algunos caseros (arrendadores) imponen severas penas económicas en los contratos de arrendamiento con serias desventajas para los inquilinos.

 

Al margen, que en ocasiones el arrendador, con la intención de garantizar el pago de las rentas, obliga al inquilino a firmar pagarés en blanco, con lo cual el inquilino adquiere doble deuda, una el pago puntual de la renta; y la otra, el rescatar el pagaré, título de crédito que por si sólo puede ser cobrable en un juicio ejecutivo mercantil al margen de otras obligaciones.

 

Es por ello, que el Procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales recomendó a los arrendatarios involucrados en esa clase de conflictos, que así lo determinen, a solicitar la asistencia jurídica de las y los defensores públicos, quienes los orientarán, asesorarán y aún, de ser necesario,  representarán en juicio.

 

Sin embargo, enfatizó, lo más recomendable es que las personas que vayan a comprometer su firma en un contrato de arrendamiento como inquilino, antes de hacerlo, acudan a recibir la asesoría jurídica de la Procuraduría del Ciudadano sobre los alcances del documento a signar y sus consecuencias legales.

 

Lo único, dijo, que tienen que hacer las personas  con esa inquietud legal, es presentarse a las oficinas centrales de la dependencia sobre la 14 norte No. 205, barrio de La Luz, en esta ciudad, donde también se encuentra el área Civil y Mercantil; con horario de atención de las 8:00 a las 16:00 horas, en días hábiles.

 

Por su parte, el director del área Civil y Mercantil de la Procuraduría del Ciudadano, Alberto Ismael López de la Barreda indicó que a la semana al menos acuden unas 25 personas, tanto de clase media como baja, que tienen problemas con el casero, ya que por mora de pago en rentas, les quiere hacer efectivo penas convencionales estipuladas en el contrato de arrendamiento, “en algunos casos de hasta 30 mil pesos”.

 

En otros casos, puntualizó, el inquilino se queja de que el casero, al momento de firmar el contrato respectivo, lo obligó a signar pagarés, y que a pesar de que paga la renta de manera puntual, no le quiere regresar el título de crédito correspondiente; sin omitir, abundó, a aquellos arrendadores que no extienden recibo por el pago de renta, lo que es muy usual.

 

Actualmente, apuntó, los arrendadores para desalojar a un inquilino promueven juicio oral sumarísimo de desahucio, vía procesal que se desahoga completamente en una audiencia, lo que finalmente presiona al inquilino a pagar rentas atrasadas y vaciar cuanto antes el inmueble en arrendamiento.

 

Las y los defensores públicos en los conflictos por arrendamiento buscan alcanzar un convenio con el casero, y que se fije un tiempo determinado para que el inquilino abandone la casa y durante el cual no se pague renta; al margen de estrategias jurídicas que eviten en lo posible el menoscabo patrimonial del arrendatario.

 

 

 

              

 

 

 

 

 

                                   

 

 

                  

 

  

      

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